EL GOBIERNO BUSCA ACTUALIZAR LA LEY DE TURISMO Y REFORZAR EL CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO
En el marco del paquete de leyes anunciado por el gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para modificar la histórica Ley N° 65, con el objetivo de adaptar el régimen turístico a las nuevas dinámicas del sector y fortalecer la capacidad de regulación del Estado.
La iniciativa parte de la norma vigente, sancionada en 1992, que quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos, económicos y ambientales que atravesó el turismo en las últimas décadas. En ese sentido, el proyecto no plantea una ruptura, sino una actualización que redefine al turismo como actividad “prioritaria, esencial y estratégica” dentro de la política pública provincial.
El proyecto refuerza la idea de que el turismo no es solo una actividad económica más, sino un eje estructural para la generación de empleo, inversión y desarrollo territorial. En esa línea, incorpora conceptos como sustentabilidad, innovación, transformación digital y equilibrio territorial, alineando la normativa con estándares actuales de planificación.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación explícita de las plataformas digitales dentro del alcance de la ley. Esto implica que quienes comercialicen servicios turísticos —ya sea de forma tradicional o a través de aplicaciones— deberán cumplir con las mismas reglas.
Además, se establece la diferencia entre inscripción en el registro provincial y habilitación, algo que busca ordenar el sistema y cerrar zonas grises donde operaban prestadores sin controles efectivos.
Esto significa más herramientas para el Estado a la hora de fiscalizar, pero también una mayor carga regulatoria para el sector, en particular para actores más pequeños o informales.
El proyecto también amplía las facultades del Instituto Fueguino de Turismo, que no solo mantendría su rol de promoción sino que gana peso en el ordenamiento, control y sanción dentro de zonas de interés turístico.
Esto incluye la posibilidad de aplicar medidas preventivas, sancionar irregularidades e incluso intervenir en situaciones excepcionales para garantizar la continuidad de servicios. En otras palabras, el Estado busca pasar de un rol más promocional a uno más activo en la regulación del mercado.
Otro punto novedoso es la incorporación de mecanismos de resolución anticipada de sanciones, como el pago voluntario o la posibilidad de reemplazar multas por servicios o acciones que beneficien al sistema turístico (por ejemplo, tareas de mantenimiento o mejora de espacios).
