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TIERRA DEL FUEGO IMPULSA UNA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL PARA QUE TODO TRÁMITE SEA 100% REMOTO

En el marco del paquete legislativo presentado por el gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Simplificación de Trámites y Ciudadanía Digital, orientado a modernizar la administración pública y digitalizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La iniciativa propone un cambio estructural en el funcionamiento del Estado provincial, con foco en la reducción de la burocracia, la digitalización de procesos y la mejora en la prestación de servicios públicos.

El proyecto se apoya en una serie de principios rectores que buscan ordenar la gestión pública:

  • El criterio de “solo una vez”, que impide al Estado solicitar datos que ya posee.
  • La eliminación del papel, mediante la adopción total del expediente digital.
  • La interoperabilidad entre organismos, para compartir información de forma segura.
  • La gratuidad de los trámites digitales, como mecanismo de acceso.

Además, se establece la validez legal de documentos electrónicos y firmas digitales, equiparándolos al formato tradicional en papel.

Uno de los ejes centrales es la creación del concepto de Ciudadano Digital, que permitirá a las personas interactuar con el Estado a través de una identidad digital única.

Esto habilita la realización de trámites, presentaciones y gestiones administrativas de manera remota, sin necesidad de concurrir físicamente a oficinas públicas, con impacto directo en tiempos y costos.

En esa línea, también se establece la obligatoriedad del domicilio electrónico para notificaciones y comunicaciones oficiales.

El proyecto crea el Registro Único de Trámites (RUT), que tendrá como objetivo relevar, ordenar y simplificar todos los procedimientos administrativos existentes.

A su vez, la Agencia de Innovación Fueguina será la autoridad de aplicación, con funciones vinculadas a la integración de sistemas, gobernanza de datos y supervisión técnica.

La iniciativa contempla mecanismos para evitar que la digitalización genere exclusión:

  • Creación de Puntos de Acompañamiento Digital con asistencia presencial.
  • Adaptación de plataformas a estándares de accesibilidad.
  • Posibilidad de mantener trámites en formato físico en casos excepcionales.

También se prevé asistencia específica para personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso tecnológico.

El proyecto fija un plazo de 180 días para la adecuación de los organismos públicos a las nuevas disposiciones, con posibilidad de prórroga en casos justificados.

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