EL GOBIERNO FUEGUINO IMPULSA UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA ACELERAR OBRAS CRÍTICAS EN SALUD Y EDUCACIÓN
El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca institucionalizar un esquema de intervención rápida sobre la infraestructura crítica de escuelas y hospitales. La iniciativa forma parte del paquete de leyes anunciado recientemente por el gobernador Gustavo Melella y apunta a evitar interrupciones en servicios esenciales frente a fallas edilicias.
El proyecto crea el “Régimen Permanente de Gestión Ágil para la Infraestructura Crítica de Salud y Educación”, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de establecimientos públicos mediante procedimientos de contratación más flexibles que los actuales. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que tanto la salud como la educación son “pilares indelegables del Estado” y que cualquier interrupción por problemas edilicios compromete derechos básicos y condiciones de seguridad.
La propuesta toma como antecedente la experiencia de la emergencia en infraestructura educativa sancionada en 2022, pero da un paso más: transforma ese mecanismo excepcional en un régimen permanente y lo amplía al sistema sanitario. Esto se trata de una norma especial que, en caso de conflicto, prevalecería sobre las leyes vigentes de contratación y obra pública. De esta manera, habilita al Estado a acortar los tiempos administrativos en situaciones críticas. El proyecto establece los llamados Disparadores de Respuesta Inmediata (DRI), que activan automáticamente procedimientos abreviados ante problemas como fallas en calefacción, colapso de redes sanitarias, riesgos eléctricos o daños por eventos climáticos, un punto especialmente sensible en el contexto fueguino.
Uno de los aspectos centrales es la creación de un Registro de Proveedores de Respuesta Inmediata, que permitirá convocar empresas con capacidad operativa comprobada para intervenir en emergencias. Bajo este esquema, el Estado podría invitar directamente a proveedores y definir adjudicaciones en plazos de hasta 24 horas.
Además, se contempla la posibilidad de otorgar anticipos financieros de hasta el 50%, justificando esta medida en los costos logísticos derivados de la insularidad. El argumento oficial es que esto permitiría acelerar la compra de materiales y la movilización de equipos en un territorio con condiciones geográficas particulares.
El punto más discutible es la modificación en los mecanismos de control. El proyecto propone exceptuar estas contrataciones del control preventivo del Tribunal de Cuentas, trasladando la fiscalización a una instancia posterior, dentro de los 20 días de finalizada la obra.
El régimen también incorpora un componente preventivo mediante la creación de un Fondo de Mantenimiento Preventivo Estacional, destinado a tareas básicas antes del invierno, como limpieza de calderas o sellado de edificios. Se trata de un reconocimiento implícito de un problema estructural: el deterioro acumulado de la infraestructura pública y la falta de mantenimiento sostenido.
