EL GOBIERNO IMPULSA UNA LEY PARA GARANTIZAR FINANCIAMIENTO A SALUD Y EDUCACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO
En el marco del paquete de leyes anunciado por el gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto clave que apunta a ordenar y blindar el financiamiento del sistema educativo y del sistema de salud pública en Tierra del Fuego.
La iniciativa propone crear un Régimen de Financiamiento Integral que obligue a planificar el presupuesto provincial con metas específicas de inversión en ambos sectores, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar acceso efectivo a derechos básicos.
El corazón del proyecto está en destinar progresivamente hasta el 13% del Producto Bruto Geográfico (PBG) a salud y educación en un plazo de cinco años. De ese total, el 60% se asignaría al sistema educativo y el 40% al sanitario.
Se trata de un esquema de convergencia que fija un sendero gradual de aumento del gasto, condicionado a variables económicas como el crecimiento real o la evolución de la recaudación. Es decir, el propio proyecto introduce una cláusula de ajuste: si la economía no acompaña, la meta se puede postergar.
Esto muestra una tensión clara: el intento de ampliar derechos sin romper con el corset de la “responsabilidad fiscal”, una lógica que en la práctica suele limitar la capacidad expansiva del Estado.
El proyecto no solo fija montos, sino también criterios. La asignación de recursos estará guiada por principios como equidad territorial, acceso universal, innovación tecnológica y evaluación de resultados.
En este punto aparece una impronta tecnocrática: se plantea medir el impacto del gasto mediante indicadores de desempeño en salud y educación. La lógica es que no alcanza con gastar más, hay que demostrar resultados.
Uno de los puntos más sensibles es el compromiso de que los salarios testigo —tanto docentes como del personal de salud— tiendan a equipararse con la Canasta Básica Total.
Esto funciona como una señal hacia sectores históricamente en conflicto con el Estado provincial. Sin embargo, el propio texto deja margen: la implementación estará sujeta a criterios de sostenibilidad fiscal, lo que abre interrogantes sobre su efectividad real.
El proyecto también establece que al menos el 20% del presupuesto destinado a cada sector deberá invertirse en infraestructura, con foco en reducir desigualdades territoriales.
Esto incluye construcción, ampliación y mantenimiento de escuelas y centros de salud, un punto crítico en una provincia donde los problemas edilicios vienen siendo recurrentes.
Nuevas fuentes de financiamiento
Para sostener este esquema, la iniciativa contempla distintas fuentes de recursos adicionales, desde modificaciones impositivas hasta utilidades de empresas estatales o ingresos vinculados a actividades estratégicas como el desarrollo del hidrógeno verde.
En este aspecto aparece otro eje de debate: quién financia la ampliación del gasto público y bajo qué modelo productivo se generan esos recursos.
