EL JUZGADO CORRECCIONAL REVOCÓ UNA MULTA MUNICIPAL Y DICTÓ SU PRIMERA SENTENCIA CON AUDIENCIAS ORALES
El fallo dejó sin efecto una sanción contra el Banco de Tierra del Fuego y marca un cambio en la forma de tramitar apelaciones.
El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte de Río Grande, a cargo del juez Pedro Fernández, revocó una multa impuesta por el Tribunal de Faltas y dictó la primera sentencia en este tipo de apelaciones mediante el sistema de audiencias orales, una modalidad que apunta a reducir los tiempos de resolución.
El caso se había iniciado a partir de una sanción aplicada al Banco de Tierra del Fuego por no exhibir el cartel obligatorio en una obra en construcción.
Sin embargo, durante el trámite de la apelación se acreditó que la entidad ya había vendido el lote a un tercero mediante boleto de compraventa y que además había entregado la posesión antes de que los inspectores constataran la infracción. Es decir, al momento de detectarse la falta, quien tenía el control efectivo del terreno y ejecutaba la obra no era el Banco.
Con ese cuadro probatorio, el juez concluyó que no existía nexo jurídico entre la entidad bancaria y la conducta sancionada. Al no tener posesión ni dirección sobre la obra, no podía atribuírsele responsabilidad contravencional. En consecuencia, la multa fue dejada sin efecto.
Qué implica la apelación de una multa
Cuando una persona o empresa sancionada por el Tribunal de Faltas no está conforme con la resolución administrativa, puede recurrir ante el Juzgado Correccional.
En esa instancia judicial no se reinicia el expediente como si se tratara de una falta nueva, pero sí se revisa la legalidad y fundamentación de la sanción. El Juzgado puede confirmar la multa, modificarla o revocarla. La sentencia que dicta cierra la discusión en sede judicial ordinaria.
Oralidad para acelerar decisiones
La novedad del caso no es sólo el resultado, sino el procedimiento. El Juzgado implementó audiencias orales para sustanciar estas apelaciones. En la práctica, las partes exponen directamente ante el juez, quien puede formular preguntas y resolver con mayor inmediatez.
Desde una perspectiva institucional, la oralidad tiende a transparentar el proceso y acortar plazos, algo especialmente relevante en materia contravencional, donde muchas veces las multas pierden sentido si la respuesta judicial llega años después.
