A menos de una semana del arranque del ciclo lectivo, el conflicto docente en Tierra del Fuego vuelve a escalar. En una ronda de prensa, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) puso el foco en el Ejecutivo provincial y fue directo: “La responsabilidad del inicio lectivo la tiene el Gobierno”.
La conducción sindical denunció incumplimientos salariales, recortes de cargos, falta de tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo y un endeudamiento creciente que —según advierten— asfixia a las familias docentes.
La secretaria general adjunta, Soledad Rottaris, señaló que el Ejecutivo no solo incumplió el último acuerdo homologado, sino que tampoco convocó a paritarias en enero, como se había comprometido. La mesa de negociación, finalmente, se realizará apenas cuatro días antes del inicio de clases.
Desde el sindicato interpretan la postergación como parte de una política de desgaste. “Esperábamos ser convocados a mediados de enero y eso no ocurrió”, cuestionó Rottaris.
En paralelo, denunciaron la baja de cargos en distintas instituciones. Para SUTEF, no se trata de un reordenamiento técnico sino de un ajuste directo sobre puestos de trabajo que sostienen economías familiares en un contexto de alta inflación.
El debate de fondo, según la conducción gremial, es político. El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por el sindicato en 2024 continúa sin tratamiento en la Legislatura. La iniciativa propone garantizar recursos para infraestructura, estudiantes y salarios.
Rottaris lamentó que, tras dos años, no haya avances. “Los recursos no están llegando a quienes deben llegar: nuestros alumnos y alumnas”, afirmó.
El secretario general provincial, Horacio Catena, fue más allá y cuestionó las prioridades del Ejecutivo. “Los consensos para la salmonera estuvieron, pero se detuvieron solamente para lo que iba a Educación”, planteó, marcando una doble vara en la discusión sobre desarrollo y financiamiento.
Desde una mirada estructural, el planteo no es menor: cuando el presupuesto se define, también se define el modelo de provincia. Y la educación pública no puede quedar atada a la lógica del ajuste permanente.
Uno de los puntos más sensibles es el deterioro del poder adquisitivo. SUTEF presentó un estudio realizado junto a la consultora económica MATE que fija en $2.510.000 el piso salarial necesario para cubrir necesidades básicas, en línea con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
Catena cuestionó la naturalización de discutir salarios solo en función de la canasta básica. “¿Cuánto vale el trabajo docente?”, preguntó, reivindicando el derecho al descanso, al acceso a bienes culturales y a una vida que no se reduzca a sobrevivir.
Otro eje crítico es el endeudamiento. Según el sindicato, las familias docentes arrastran deudas crecientes, muchas con intereses elevados, que licúan cualquier mejora salarial.
Recordaron que en 2024 hubo un principio de acuerdo para un programa de desendeudamiento que finalmente no se implementó. “Si aumentamos el salario pero no resolvemos la carga de la deuda, solucionamos solo la mitad del problema”, advirtió Catena.
A la discusión salarial se suma el estado de los edificios escolares. Delegadas y delegados del sindicato realizan un relevamiento que ya detectó situaciones críticas en la Escuela Especial N° 1 “Kayú Chénèn”, el Jardín N° 27, el Colegio Politécnico Malvinas Argentinas y el Jardín N° 9.
Según SUTEF, algunas comunidades educativas debieron ser reubicadas, lo que evidencia —dicen— falta de inversión sostenida en infraestructura.
