OSEF EN CRISIS: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO LICÚA DEUDAS MIENTRAS SE RECORTAN PRESTACIONES
La vocal por las y los trabajadores activos en OSEF, Adriana Soria, apuntó contra la política de financiamiento de la obra social y denunció que el Gobierno provincial impulsa acuerdos de pago que terminan beneficiando a los deudores, en un contexto donde más de 55 mil afiliados sufren cortes de servicios y dificultades en el acceso a medicamentos.
Según sostuvo, la presidencia de OSEF —bajo la órbita del Ejecutivo que encabeza Gustavo Melella— viene convalidando planes de pago en “cómodas cuotas” para organismos con deudas millonarias, mientras la obra social atraviesa una situación crítica: prestaciones interrumpidas, farmacias con atención irregular y crecientes obstáculos para garantizar tratamientos.
Uno de los casos que encendió las alarmas es el del municipio de Río Grande, que mantiene una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos y acordó cancelarla en 36 cuotas con una tasa del 21% anual. Para Soria, este tipo de esquemas implica una pérdida concreta de valor frente a la inflación y termina perjudicando el funcionamiento inmediato del sistema.
“Sabemos claramente que los medicamentos de acá a tres años no van a valer lo mismo”, advirtió en declaraciones radiales, al cuestionar que los ingresos se dilaten mientras proveedores como las droguerías suspenden entregas hasta que se salden las deudas. “No les podemos decir que les vamos a pagar dentro de tres años”, sintetizó.
En ese marco, la vocal responsabilizó directamente al Gobierno provincial, al señalar que la conducción de la obra social responde a lineamientos políticos y que, al mismo tiempo, el propio Estado es uno de los principales deudores. “El responsable de cómo está hoy la obra social es quien habilita estos planes de pago”, sostuvo.
Además, advirtió sobre una maniobra para evitar la judicialización de las deudas. Recordó que en diciembre de 2025 el Directorio había aprobado avanzar con acciones legales para exigir el cobro inmediato, pero que esa estrategia fue desplazada por la firma de convenios individuales con distintos organismos, lo que en la práctica bloquea la intervención judicial.
“Ese dinero es salario de los trabajadores del Estado. Estaba presupuestado para ese fin y se usó en otras cosas. Es una malversación de fondos”, denunció.
El conflicto también reabre el debate sobre el modelo sanitario en la provincia. Soria cuestionó que más de la mitad del presupuesto de OSEF se destine al sector privado, mientras el sistema público arrastra problemas estructurales, como falta de profesionales e infraestructura inconclusa.
En este escenario, planteó la necesidad de recuperar la autarquía de la obra social, con mayor participación de afiliados activos y pasivos en la toma de decisiones, como forma de garantizar transparencia y control sobre los recursos.
