EL EJECUTIVO PRESENTÓ UNA LEY DE CIBERSEGURIDAD PARA PROTEGER SERVICIOS PÚBLICOS Y DATOS ESTRATÉGICOS
El gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Ciberseguridad y Resiliencia Digital, que establece un marco integral para prevenir, gestionar y responder ante incidentes informáticos en el ámbito estatal.
La propuesta declara a la ciberseguridad como un interés público estratégico, vinculando su desarrollo con la continuidad de los servicios públicos y la protección de datos sensibles.
La ley será de aplicación obligatoria para:
- Los tres poderes del Estado provincial.
- Organismos descentralizados y entes autárquicos.
- Empresas con participación estatal mayoritaria.
En este contexto, se crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, cuya autoridad de aplicación será la Agencia de Innovación Fueguina.
También se prevé la conformación del Equipo Provincial de Respuesta ante Incidentes (EPRI), con implementación progresiva.
El proyecto establece la obligación de implementar esquemas de seguridad integral, que incluyen:
- Protección física y lógica de sistemas.
- Monitoreo continuo.
- Gestión de identidades.
- Cifrado de información.
Además, se incorpora la exigencia de:
- Realizar pruebas periódicas de vulnerabilidad.
- Mantener copias de seguridad fuera de línea.
- Evaluar riesgos en proveedores tecnológicos.
El proyecto permite el uso de servicios en la nube, siempre que cumplan con estándares de protección equivalentes a la normativa nacional, e incorpora cláusulas obligatorias para evitar dependencia tecnológica de proveedores.
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a declarar la Emergencia Digital ante incidentes graves, por un plazo de hasta 90 días, prorrogable.
En ese contexto, se establece un régimen especial de contrataciones que permite:
- Procesos más ágiles.
- Menores requisitos administrativos iniciales.
- Prioridad a criterios técnicos por sobre el precio.
El proyecto incorpora herramientas como el sandbox regulatorio, que permitirá probar nuevas tecnologías en entornos controlados antes de su implementación masiva.
También promueve la cooperación con el sector privado, universidades y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante amenazas digitales.
La aplicación de la ley será progresiva y estará sujeta a disponibilidad presupuestaria, priorizando los sistemas considerados críticos.
