EDUCACIÓN REFUERZA LA PREVENCIÓN Y ARTICULA CON SEGURIDAD Y JUSTICIA EN TIERRA DEL FUEGO
Ante la aparición de amenazas en instituciones educativas de Tierra del Fuego, el Ministerio de Educación provincial avanza en el fortalecimiento de estrategias de prevención y respuesta, en articulación con organismos de seguridad y el sistema judicial. La situación se da en un contexto que también se replica a nivel nacional, tras hechos recientes que encendieron alertas en la comunidad educativa.
La directora provincial de Nivel Secundario, Marisa Arredondeo, explicó que cada caso es abordado bajo protocolos específicos y que toda amenaza es considerada como real. “La normativa establece que debe tomarse como cierta, lo que implica activar todos los mecanismos de resguardo dentro de la institución”, señaló, subrayando el impacto que estos episodios generan en estudiantes, familias y docentes.
Desde la cartera educativa indicaron que existe un trabajo coordinado con fuerzas de seguridad, que intervienen de manera inmediata cuando se logra identificar a los responsables. En ese sentido, se advirtió que este tipo de acciones no son consideradas bromas y pueden derivar en consecuencias judiciales.
En relación a la dinámica escolar, se aclaró que las clases no se suspenden ante estos episodios. Las instituciones permanecen abiertas, con medidas de seguridad reforzadas y acompañamiento policial dentro de los márgenes establecidos. No obstante, se contempla la decisión individual de las familias de no enviar a sus hijos.
Uno de los ejes que preocupa a las autoridades es el rol de las redes sociales y la circulación de desafíos virales, que podrían estar vinculados a este tipo de conductas. Frente a esto, se intensificaron las acciones preventivas dentro de las escuelas mediante talleres, charlas y espacios de escucha, donde se abordan problemáticas como violencia, bullying y uso responsable de la tecnología.
Arredondeo también puso el foco en la responsabilidad familiar, remarcando que el control de mochilas y dispositivos no corresponde a las instituciones educativas. “Es fundamental que las familias acompañen, conozcan qué consumen sus hijos y con quiénes interactúan”, indicó.
En paralelo, el Ministerio avanza en la articulación con organismos como la Defensoría para abordar el componente legal de estos hechos, especialmente en el marco de posibles cambios en la legislación sobre imputabilidad de menores. En ese escenario, se incorpora con mayor fuerza el concepto de ciudadanía digital y la responsabilidad sobre las acciones en entornos virtuales.
