EL MUNICIPIO BUSCA DECLARAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA POR DEUDAS DE COPARTICIPACIÓN Y CAÍDA DE INGRESOS
El Ejecutivo municipal de Ushuaia envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera por el plazo de seis meses, en un contexto marcado por la caída de recursos, retrasos en la coparticipación y un deterioro general de la actividad económica.
Según se detalla en la iniciativa, las demoras en la remisión de fondos por parte del Gobierno provincial superan los 12 mil millones de pesos, generando un impacto directo en la liquidez del Municipio y en su capacidad de planificación. La falta de previsibilidad en el flujo de ingresos aparece como uno de los principales factores que explican la medida.
El proyecto busca dotar al Ejecutivo de herramientas excepcionales para sostener el funcionamiento del Estado local. Entre ellas, la posibilidad de renegociar o rescindir contratos y concesiones, refinanciar deudas con proveedores, reestructurar partidas presupuestarias y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.
Además, se contempla la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas esenciales, en línea con una estrategia de contención del gasto en un escenario de fuerte restricción fiscal.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, sostuvo que la situación responde a “un contexto macroeconómico adverso” que impacta de lleno en la recaudación y en la capacidad operativa del Estado municipal. En ese sentido, detalló que los ingresos por coparticipación registraron una caída nominal del 5% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento.
A esto se suma, según el funcionario, un retraso de aproximadamente 40 días en la llegada de los fondos, lo que profundiza la incertidumbre financiera. En ese marco, volvió a plantear la necesidad de avanzar en una “ley de goteo” que garantice transferencias automáticas y en tiempo y forma hacia los municipios.
El escenario se completa con una retracción del consumo, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo, variables que erosionan la base de ingresos locales y tensionan la prestación de servicios.
